Una innovación que llegó para quedarse y que cambiará el sistema jurídico mexicano es el nuevo concepto de capacidad jurídica adoptado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce a las personas con discapacidad la misma facultad jurídica de que gozan los demás en todos los aspectos de la vida, por lo que la capacidad jurídica se considera un derecho humano.
La convención pasó de un sistema de sustitución de la voluntad de las personas a uno de toma de decisiones con apoyos y reconocimiento de la capacidad jurídica universal, pues dicho atributo en ningún caso debe modificarse o suprimirse, por ser inherente a la condición humana; de ahí que la incapacidad jurídica de las personas mayores de edad deba suprimirse.