El deber en la persecución penal por parte del Ministerio Público ha sido la nota característica del sistema procesal penal mexicano, sin embargo, las reformas constitucionales de junio de 2008 han puesto en duda la vigencia de dicho deber en nuestro país. La aparición del principio de oportunidad como excepción al deber de persecución penal representa en nuestro sistema procesal penal una novedad, de ahí que el estudio de sus características e implicaciones represente una cuestión que reclama inmediata atención. A lo largo de esta investigación, el lector podrá comprender no sólo las causas que dan origen a la aplicación de dicha figura procesal, sino también los peligros que su implementación representa para los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico, tema que desde luego significará un gran reto para el legislador penal. Por lo pronto, las reformas que respecto a la previsión de dicho principio se han empezado a implementar en algunos códigos procesales penales estatales no ofrecen un panorama alentador. A pesar de ello, a través de este análisis se podrá entender que el principio de oportunidad tampoco debe ser rechazado a priori de forma definitiva, ya que tiene diversas vertientes, algunas de las cuales pueden resultar convenientes. Lo cual prueba que, a pesar de ser concebido en contraposición al principio de legalidad, también, en ocasiones, puede ser compatible con él.