La persona humana es el tema fundamental del estudio y aplicación del derecho. Tradicionalmente se ha considerado que la persona le corresponden, por el solo hecho de serlo, unas cualidades y atributos que le son invariables y permanentes: dignidad, libertad e igualdad y, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los individuos son sujetos de los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, inalienables, interdependientes, iguales, no discriminatorios, inherentes inviolables.
El derecho nace para servir a la persona y persigue dar seguridad y certeza jurídicas y cumplir con su fin último: alcanzar la justicia en la convivencia humana.
La persona humana es el centro mismo del orden jurídico, es la razón de existir del Derecho. “El fin trascendente de la persona y sus características básicas naturales como persona no pueden ser modificadas por el orden jurídico, sino que, deben ser protegidas y promovidas para que la persona humana alcanza la plenitud de su realización como tal. Siguiendo El pensamiento de Alberto Pacheco, a la persona le corresponden determinadas cualidades o atributos físicos, le corresponden derechos fundamentales que son connaturales a él, nacen con él y están indisolublemente unidos a la persona, son preexistentes a su reconocimiento por parte del Estado.
En el sistema jurídico existen conceptos esenciales que al aplicarse a la persona humana revisten una importancia vital, de gran trascendencia como lo es la noción la “capacidad”, que sin duda es uno de los atributos de la personalidad más importantes y que se reflejan en la vida diaria de las personas.
Durante mucho tiempo el Derecho estimó que la ley es quién otorga y quita la capacidad y qué algunas personas, por alguna causa específica, se le debiera considerar como “incapaces” y por lo tanto deberían estar protegidas por el Derecho.
Con esa idea, la voluntad de la persona quedaba sometida a una institución que la sustituía con el objeto de protegerla.