La evaluación de políticas y programas es una práctica que en las últimas décadas ha adquirido un papel crucial en la rendición de cuentas y en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos de regímenes democráticos, ya que permite acreditar la medida en que sus acciones logran los objetivos planteados. Sin embargo, pese a que se reconozca la necesidad de evaluar las políticas y los programas públicos, sus productos no siempre coadyuvan a la toma de decisiones o a su legitimación, pues su origen, método y resultados suelen generar desconfianza en los sectores público y privado, particularmente cuando no hay un procedimiento institucionalizado que se encargue de corroborar la calidad del proceso de la evaluación.