Este ensayo pretende mostrar la problemática que hoy se presenta en el quehacer notarial, de optar por aplicar la legislación civil y notarial o los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Para ello es importante exponer los conflictos cada vez más frecuentes de la colisión entre las leyes locales, los tratados internacionales en materia de derechos. humanos y los criterios jurisprudenciales. Para resolver ese enfrentamiento es necesario dar respuestas a tres preguntas fundamentales:
1) ¿Cómo conciliar la seguridad jurídica con los restantes derechos humanos en la función notarial?
2) ¿Los notarios pueden ponderar como lo realizan los jueces, qué derecho humano debe prevalecer cuando se presenta un conflicto entre ellos?
3) ¿Los notarios pueden dejar de aplicar una norma por considerarla inconstitucional o inconvencional?
Para estar en condiciones de contestar estas cuestiones, se debe desarrollar previamente el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 que incorpora a nuestra Carta Magna, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al igual que los requisitos constitucionales para que dichos tratados formen parte de nuestro ordenamiento jurídico.
De igual forma se tienen que exponer las principales disposiciones contenidas en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los criterios jurisprudenciales derivados de la aplicación de la citada convención y contrarrestarlos con las normas aplicables a la funciona notarial y evidenciar las contradicciones existentes entre la normatividad consignada en las leyes civiles y del notariado para la Ciudad de México y las obligaciones plasmadas en la convención y buscarlas solucionar.
Colección de Aportaciones de la Escuela Internacional de Jurisprudencia a la Cultura Jurídica
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